California ha reducido muchos de los cargos y costos que los menores y sus familias pagan en el sistema de justicia juvenil de California.
Los cambios se debieron a la aprobación de California Senate Bill 190 (SB 190), que entró en vigor el 1 de enero de 2018.
Entre los costos a los que los menores de 21 años y sus padres/tutores ya no son responsables se encuentran:
- El costo de un abogado designado por el tribunal para representar al menor;
- Las tarifas administrativas y de solicitud para cualquier programa de detención domiciliaria; y
- Los costos de tratamiento y/o pruebas de abuso de sustancias.
Límites en el aislamiento solitario de menores
La ley de California también se ha cambiado para limitar las circunstancias en las que alguien menor de 18 años puede ser colocado en “confinamiento en habitación” (aislamiento solitario).
Excepto en ciertas situaciones de emergencia, el confinamiento en habitación de menores:
- No se puede usar antes de que se agoten otras opciones menos restrictivas a menos que hacerlo represente una amenaza para otro menor o personal;
- No se puede usar en la medida en que comprometa la salud mental y física del menor; y
- No puede exceder de cuatro horas, excepto durante una emergencia como un desastre natural o una amenaza a la instalación.
Después de cuatro horas de aislamiento solitario, el personal debe hacer una o más de las siguientes cosas:
- Devolver al menor o al pupilo a la población general;
- Consultar con el personal de salud mental o médico; y/o
- Desarrollar un plan individualizado para reintegrar al menor a la población general.
Si el menor debe quedarse en el confinamiento, el personal debe:
- Documentar la razón;
- Desarrollar un plan individualizado para la reintegración a la población general; y
- Obtener la aprobación por escrito del superintendente de la instalación o de su designado cada cuatro horas a partir de entonces.
La ley no se aplica a las habitaciones o celdas individuales utilizadas para alojamiento o durante las horas normales de sueño.
Tampoco se aplica a los menores en instalaciones de custodia judicial o instalaciones para adultos.