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Casos civiles generalmente involucran disputas entre particulares como demandas por lesiones personales, disputas contractuales o procedimientos de divorcio. Por el contrario, los casos criminales involucran acusaciones por parte del gobierno contra personas o entidades por cometer delitos como asesinato, violencia doméstica, conducción bajo la influencia o fraude.
Hay cinco principales diferencias entre un caso civil y un caso criminal. Estos se relacionan con:
- los eventos que desencadenan un caso,
- las partes involucradas,
- sus resultados,
- las cargas de la prueba, y
- las leyes involucradas.
Tenga en cuenta que los casos civiles y criminales generalmente son no relacionados entre sí. Sin embargo, en algunos casos, el mismo acto puede conducir a ambos, un caso civil y un procedimiento criminal relacionado.
Por ejemplo, a una persona se le podría acusar del delito de homicidio por matar a otra persona. Sin embargo, el asesinato podría formar la base de un caso civil bajo las leyes de muerte injusta de un estado.
1. ¿Diferentes eventos desencadenan casos civiles y criminales?
La mayoría de las veces, sí. Una persona o entidad generalmente presenta una demanda civil alegando que otra parte:
- no cumplió o respetó un deber legal, o
- violó los derechos privados o constitucionales.1
Por ejemplo, una parte puede iniciar una acción legal porque:
- sufrió una lesión personal después de que un médico no cumplió con el deber de proporcionar una atención médica razonable,
- un contratista, en un caso de incumplimiento de contrato, no honró un deber o término en un acuerdo, y
- un empleador discriminó a un empleado.
Por el contrario, un caso criminal se presenta para acusar a una persona de un delito. A menos que esa persona se declare culpable o no culpable, un caso avanza a un juicio criminal donde la persona es declarada culpable o no culpable.2
Algunos delitos comunes que pueden desencadenar un caso criminal incluyen:
Tenga en cuenta que tanto los casos civiles como los criminales pueden tener lugar en tribunales estatales y tribunales federales.
2. ¿Los casos civiles y criminales involucran diferentes partes?
La terminología utilizada para las partes en un asunto de litigio civil difiere de la terminología utilizada en un caso criminal.
En el tribunal civil, una “parte demandante” presenta un caso contra una “parte demandada“. Colectivamente, las partes a menudo se conocen como “litigantes”.
Tenga en cuenta que los demandantes y demandados en los casos civiles pueden incluir:
- individuos (por ejemplo, una parte privada),
- empresas, o
- entidades gubernamentales.
En cuanto al sistema de justicia penal, el gobierno inicia un caso contra un “acusado penal“. Un “fiscal” o “fiscal de distrito” presenta cargos penales contra el acusado, en nombre del gobierno, y alega que la persona cometió un:
- acto criminal, o
- alguna falta penal.
Las faltas pueden incluir tanto delitos menores como delitos mayores.
Durante los procedimientos de la corte penal, los acusados penales tienen el derecho de ser representados por un abogado defensor penal o defensor público.
3. ¿Los casos civiles y criminales conducen a resultados diferentes?
Más a menudo, sí. Los casos civiles pueden terminar a través de un acuerdo de transacción entre los litigantes o un juicio civil. Si un demandante tiene éxito en un caso, los resultados pueden incluir:
- que el demandado compense al demandante por lesiones o malas acciones,
- que el demandado pague multas, o
- una modificación en la relación legal entre los litigantes (por ejemplo, un cambio en una relación de custodia de hijos o una modificación de los términos contractuales entre las partes).
Un caso de corte penal generalmente termina a través de un acuerdo de declaración entre el estado y un acusado o en un juicio criminal.
Si el gobierno tiene un caso débil, a veces un fiscal puede decidir no perseguir cargos penales.
Pero si un acusado es declarado culpable durante un caso, un juez “sentenciará” a la parte e impondrá algún tipo de castigo por el delito cometido.
Si bien los castigos variarán entre diferentes tipos de casos, pueden incluir:
- tiempo en la cárcel o en la prisión,
- multas,
- restitución por daños a la propiedad, y/o
- libertad condicional.
En general, las penas por delitos graves son más severas que las de los delitos menores.
4. ¿Hay diferentes cargas de prueba?
Por lo general, sí. Una “carga de prueba” generalmente se refiere a cuánta prueba debe tener un fiscal o demandante antes de que pueda obtener una resolución en contra de un demandado. El término también se conoce como “estándar de prueba”.
Según la mayoría de las leyes estatales, “preponderancia de la prueba” es la carga de la prueba típica utilizada en los casos civiles. Bajo este estándar, un demandante debe demostrar que es más probable que no que un hecho sea cierto para prevalecer.3
En contraste, “más allá de una duda razonable” es el estándar de prueba utilizado en la mayoría de los casos penales. Para cumplir con esta carga, la mayoría de los estados dicen que un fiscal debe presentar pruebas que sean tan convincentes de la culpa que no haya ninguna duda en la mente de los jurados de que el acusado cometió el delito imputado.4
La carga es el más alto estándar de evidencia utilizado en el sistema legal.
5. ¿Los diferentes casos implican diferentes leyes?
A nivel general, sí. La mayoría de los casos civiles están regulados por las leyes civiles de un estado (por ejemplo, una ley de procedimiento civil sobre un plazo de prescripción).
Sin embargo, los casos penales generalmente están regulados por las leyes penales de un estado (por ejemplo, una ley de procedimiento penal sobre la admisibilidad de la evidencia).
Tenga en cuenta, sin embargo, que algunos casos pueden implicar una interacción entre los dos conjuntos de leyes.
Referencias legales:
- Diccionario Jurídico de Black, Sexta Edición – “Civil”. Véase también Gilliken v. Gilliken, 104 S.E.2d 861 (1958).
- Diccionario Jurídico de Black, Sexta Edición – “Criminal”.
- Diccionario Jurídico de Black, Sexta Edición – “Preponderancia de la Prueba”. Véase también Braud v. Kinchen, 310 So.2d 657 (1975); y, Andrus v. Texas, 140 S. Ct. 1875 (2020).
- Diccionario Jurídico de Black, Sexta Edición – “Más allá de una duda razonable”.