Una de las primeras preguntas que los jueces de Nevada le hacen a los acusados recientemente arrestados es si pueden pagar un abogado privado. Si responden que no, el juez nombra a un defensor público para representarlos. Sin embargo, los defensores públicos no son completamente gratuitos…
En 2009, la Corte Suprema de Nevada instruyó a los tribunales distritales del estado para que comenzaran a cobrar a los acusados indigentes que dependen de los defensores públicos. Estas tarifas se cobran cuando finaliza el caso. El dinero luego se deposita en un fondo de defensa indigente para pagar a los defensores públicos (o a los abogados privados nombrados judicialmente para representar a los acusados indigentes).
En el condado de Clark, las tarifas de los defensores públicos van desde $250 a $750, dependiendo de la cantidad de trabajo que el defensor público haga para el caso. En última instancia, el juez tiene discreción sobre cuánto cobrar. Si el acusado realmente no tiene dinero, el juez puede optar por eximir la tarifa.
Curiosamente, la Oficina del Defensor Público del Condado de Clark está en contra de estas tarifas y ha intentado revocarlas basándose en la Sexta Enmienda y Gideon v. Wainwright. La oficina del PD está preocupada de que los acusados indigentes puedan optar por declararse culpables temprano y no luchar contra sus cargos para asegurarse de pagar las tarifas mínimas.
Tarifas o no tarifas, los defensores públicos están sobrecargados y no pueden atender a todos los acusados indigentes de Nevada. Solo el pasado noviembre, la ACLU presentó una demanda de acción colectiva federal alegando que el sistema de defensa pública deficiente de manera flagrante priva a los defensores públicos de salarios justos y a los acusados rurales de una representación justa.
Para obtener más información, consulte los artículos del Las Vegas Review-Journal Los tribunales evaluarán los costos de los indigentes y ACLU demanda a Nevada por la defensa de los indigentes en los condados rurales.